Qué puntos oscuros presenta el proyecto oficial que busca proteger las tierras rurales

Qué puntos oscuros presenta el proyecto oficial que busca proteger las tierras rurales
Especialistas de Baker & McKenzie consideran que de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo podría llegar a incumplirse con tratados bilaterales de inversión
Por Luis Dates y Santiago Maqueda - Socio y asociado de Baker & McKenzie
20.06.2011 11.15hs Legales

El 27 de abril de 2011 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que establece limitaciones a la adquisición de dominio, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de personas extranjeras, físicas o de existencia ideal.

Dicha iniciativa prevé que no podrán estar en manos extranjeras más de un 20% del total de tierras rurales del país. Asimismo, establece que la titularidad por extranjeros de una misma nacionalidad no podrá superar el 30% de ese 20%.

Además, dispone que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán exceder las 1.000 hectáreas.

Tal como está redactado, el proyecto resultaría violatorio del derecho a la igualdad de los extranjeros que habiten legalmente el país. En efecto, la Constitución Nacional les concede a aquellos una fuerte protección: además del derecho a la igualdad de trato que tienen todos los habitantes (artículo 16), los extranjeros están igualados a los nacionales en cuanto a la titularidad y ejercicio de los derechos civiles (artículo 20).

Las distinciones por razones de extranjería han sido calificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sintonía con la Suprema Corte de los Estados Unidos, como "categorías sospechosas".

Esto es, pesa sobre estas categorías una "presunción de inconstitucionalidad", por lo que si el Estado no logra probar en juicio que la norma no viola el derecho a la igualdad, será inconstitucional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que las clasificaciones de personas por nacionalidad (extranjería) tienen una "fuerte presunción de incompatibilidad" con el Pacto de San José de Costa Rica, que goza en nuestro país de jerarquía constitucional.

La Corte Suprema sostuvo que para destruir aquella presunción es necesario acreditar que:

  • La ley persigue una finalidad "sustancial" propia de las "funciones básicas del Estado" -en términos de la Corte estadounidense, un compelling state interest, y en términos de la CIDH, un "interés público imperativo"-.
  • Asimismo, debe demostrarse que la distinción de trato es una medida que promueve efectivamente aquellos fines
  • Y que esos fines no podrían lograrse con medidas menos restrictivas (least discriminatory means, a decir del máximo Tribunal norteamericano).

Según su exposición de motivos, el proyecto busca posibilitar un "desarrollo tecnológico propio que acredite nuestra capacidad agroindustrial y nos proyecte como productores alimentarios", orientar la inversión extranjera a la "creatividad agroindustrial, al mejoramiento de los rendimientos y la calidad de los productos agropecuarios", garantizar el "desarrollo nacional y la calidad de vida de los habitantes del país", "afianzar una sociedad más equitativa y democrática", y desarrollar una "visión estratégica del Estado, a partir de la renovación y de la reconstrucción de las políticas públicas".

La búsqueda del desarrollo tecnológico agroindustrial y la orientación de la inversión extranjera a nuevos ámbitos, si bien son objetivos legítimos, no parecen guardar relación con las "funciones básicas del Estado", como la administración de justicia y la seguridad nacional, por ejemplo.

Además, la exposición de motivos no explica cómo las medidas limitantes serían aptas para lograr aquellos objetivos. Según esa interpretación, la titularidad rural extranjera sería un obstáculo para el desarrollo agropecuario, en franca contradicción con la política incluyente del Preámbulo y del artículo 25 de la Constitución Nacional: asegurar los beneficios de la libertad para los extranjeros habitantes del país, favorecer su inmigración y no restringirles el ingreso cuando vengan a contribuir al desarrollo.

Finalmente, la experiencia del derecho comparado (incluso de algunas leyes citadas en la iniciativa) parece demostrar que el desarrollo tecnológico agroindustrial y la inversión extranjera en tecnología podrían ser logrados (e incluso con mayores índices de eficacia) por medios menos lesivos para los derechos de los extranjeros que habiten legalmente el país.

Por lo dicho, el proyecto inspira serias dudas sobre su constitucionalidad ya que se estarían afectando irrazonablemente derechos constitucionales. Ello, sin perjuicio del posible incumplimiento de tratados bilaterales de inversión.

El Congreso Nacional debería tener en cuenta estas críticas en la discusión parlamentaria de modo de ser respetuosos y fieles con las bases y con el espíritu de nuestra Constitución Nacional.

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