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Era el único sostén familiar, la discriminaron y ahora deberán resarcirla por daño moral

Era el único sostén familiar, la discriminaron y ahora deberán resarcirla por daño moral

Era el único sostén familiar, la discriminaron y ahora deberán resarcirla por daño moral
Para los jueces, la compañía se aprovechó de la situación de la empleada y la condenaron a indemnizarla de acuerdo con la Ley Antidiscriminatoria
Por Sebastian Albornos
27.12.2012 15.20hs Legales

La problemática de la violencia laboral y principalmente algunas de sus manifestaciones como es el acoso psicológico, se convirtió en uno de las puntos más conflictivos en las relaciones laborales.

Estos casos se multiplican día a día. Según los especialistas, ello se debe en gran medida a la falta de una regulación específica en la materia. Esto provoca que, en algunas ocasiones, una conducta sea considerada discriminatoria por un magistrado pero no así por otro.

Frente a esta predisposición, los abogados de empresas consultados por iProfesional.com afirmaron que no le queda otra posibilidad a las compañías que analizar con sumo cuidado cada situación en particular.

En este contexto, hace pocos días, se dio a conocer el caso de una empleada que fue despedida porque no se quiso adaptar a los nuevos regímenes de jornada laboral que le impuso la firma donde trabajaba. Ante el reclamo de la dependiente, la Cámara de Apelaciones ordenó resarcirla por daño psicológico y moral ya que la misma era único sostén de su familia y tenía un hijo discapacitado.Despido y reclamo

La empleada se presentó ante la Justicia para cuestionar su despido. En ese marco, señaló que en 2001 nació su hijo, con problemas médicos (prematurez, encefalopatía crónica no evolutiva, displasia broncopulmonar con una incapacidad motora, mental y visual del 100%).

Relató también que, luego de la licencia que tomó por maternidad de tres meses, al reintegrarse su empleadora comenzó a trasladarla por diferentes puestos y objetivos dentro del supermercado. Luego de varios reclamos, fue restituída a su puesto, pero no se la había habilitado para trabajar, de modo que los últimos tiempos del vínculo laboral permanecía sentada sin hacer nada.

Al tiempo, fue dejada cesante. La jueza de primera instancia declaró que el despido resultó discriminatorio.

Entonces, la compañía cuestionó la decisión ante la cámara.

Los magistrados señalaron que "el ordenamiento legal argentino contempla indemnizaciones agravadas en razón de actos discriminatorios por los cuales están condicionadas y se elevan cuantitativamente sobre la indemnización pura y simple".

Para los jueces, por la dificultad del tema, la compañía estaba en mejor posición para demostrar que no hubo discriminación y no lo hizo.

Según los mismos, los testigos que declararon brindaron indicios de que la empleada, no sólo en cuanto a los cambios de sector de los que fue objeto (sin justificación alguna) sino también al ser despedida sin causa, fue víctima de discriminación.

"Quedó demostrada la incapacidad de su hijo, la situación familiar (madre soltera único sostén) -que era conocida por todos en la empresa- y a pesar de ello fue obligada a cambiar de régimen de jornada laboral y ante su negativa fue despedida sin causa", indicaron los jueces.

Los camaristas ubicaron la situación dentro de la Ley 23.592 (antidiscriminatoria) por lo que correspondía apartarse del régimen tarifado. De este modo, obligaron a la firma discriminadora  a reparar el daño moral y material ocasionado.

Para cuantificar el mismo, se remitieron directamente a los parámetros del Código Civil, y para calcular el monto de la reparación tomaron en cuenta los elementos aportados al caso concreto.

La firma no desconocía la situación familiar de la actora, y no obstante ello, violó el "principio de adecuación de la vida laboral y familiar", remarcaron.

"Aún cuando la actora no haya basado su reclamo en la Ley 23.592 ello no es obstáculo para su procedencia en atención al principio "iura novit curia", que enuncia la función del juez de suplir el derecho que las partes no le invocan o que le invocan mal", enfatizaron los camaristas.

"Es consecuencia de ello, que los hechos del proceso, deben ser invocados y probados por las partes, pero en lo atinente al derecho aplicable el juez debe fallar, conforme a lo que él considera y razona como conducente a la decisión del proceso", enfatizaron.

En relación al reclamo por daño psicológico y gastos de tratamiento, los jueces elevaron el monto fijado en primera instancia.

"En cuanto al daño psíquico, el mismo se trata de un trastorno emocional cuya causa deviene de una situación anterior, que jurídicamente, puede haber sido una enfermedad laboral, un accidente o cualquier otro ataque al valor narcisista de la parte del cuerpo atacada", explicaron.

"Se trata de trastornos emocionales que no han sido pasajeros y que, por tanto, dejaron secuelas incapacitantes", enfatizaron los jueces.

Y agregaron: "Es consecuencia de lo expuesto que la cuantificación de este tipo de daño tiene también en cuenta la vida que lleva a cabo y las actividades de la víctima".

"No debe perderse de vista que si bien el desempeño laboral nos permite ganar nuestro sustento, también alimenta nuestra fortaleza y nuestro estado psíquico", explicaron los jueces.

"De tal forma, cuando se afecta o se impide su desarrollo, se hiere el proyecto de futuro, dándose lugar a una disminución o pérdida de gratificación y tranquilidad, que disminuye notoriamente la autoestima, que generalmente conduce a la depresión y a la pérdida de placer, con las consecuencias disvaliosas que ello acarrea", puntualizaron.

En suma, el daño psíquico conlleva una alteración de la personalidad, que acarrea síntomas, depresiones y estados de inhibición, actuaciones, bloqueos, estados de angustia, frustración e insatisfacción.

En el caso concreto, la empleada presentaba una reacción vivencial neurótica. Si bien la especialista que evaluó la situación señaló que no había suficientes elementos como para determinar que dicha dolencia se vinculara con una situación de acoso laboral o mobbing, lo cierto es que carecía de facultad para determinar dicha vinculación.

De acuerdo con los camaristas, el daño psíquico que padecía la empleada es consecuencia directa de los hechos previos. Y destacaron que luego sufrió el despido discriminatorio (artículo 1109 del Código Civil) por lo que debía ser acreedora de un resarcimiento de $30.000 -más la suma de $ 10.000 en concepto de gastos de terapia psicológica individual, recomendada por la psicóloga-.

En total, el resarcimiento llegó a $114.637,46 más intereses.

RepercusionesCon respecto a la conducta que tienen que llevar a cabo las empresas en estos casos, Juan Manuel Minghini, socio de Minghini, Alegría & Asociados, afirmó que deberán manejarse con un criterio amplio, al momento de ser intimadas por sus empleados frente a dolencias o padecimientos psicológicos.

La tendencia actual en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es reconocer cada vez este tipo de reclamos, lo que obliga a las compañías a tomar medidas y previsiones, que antes no eran necesarias.

"Frente a un reclamo concreto se deberán adoptar todas aquellas medidas de mejoramiento que la empresa tuviere a su alcance -que deberán ser fehacientemente acreditadas-, para poder demostrarlas en cualquier juicio. Sólo así es posible evitar una condena laboral", agregó el abogado.

"Es evidente que, en materia de relaciones laborales, debería existir una norma antidiscriminatoria específica, ya que la aplicación de la Ley 23.952 puede dar lugar a abusos en muchos casos", consideró Pablo Mastromarino, abogado del estudio Tanoira & Cassagne.

"La actual tendencia jurisprudencial aplica el criterio de carga dinámica de las pruebas a los efectos de valorar los elementos aportados a la causa en los juicios por discriminación", agregó.

De esta manera, Mastromarino concluyó que "ya no es el trabajador quien tiene que probar que existió un acto discriminatorio del que fue víctima sino que, además, la empresa debe acreditar que no existió el acto que se le atribuye. Esta situación coloca muchas veces a las empleadoras en una situación procesal desventajosa".